Jorge Zorreguieta: La Pata Civil de la Dictadura Militar Argentina ¿Quién era el padre de la Reina Máxima Zorreguieta?
La historia de Máxima Zorreguieta -y su padre Jorge- no por glamorosa y aristocrática deja de ser fabulosa, intrigante, seductora, y oculta...y colboracionista con Videla y Cia.
Algunas ramas del árbol...
El tatarabuelo de Zorreguieta, José Antonio de Sorreguieta y Oyarzábal, nacido en Tolosa (Guipúzcoa), emigró a la provincia de Salta, en el noroeste de Argentina, en 1790. Tras varias generaciones de senadores, ministros y funcionarios locales, el apellido familiar se convirtió en uno de los más prominentes de la sociedad salteña. Jorge nació en Buenos Aires en 1926 y se crió en el seno de esa familia de clase media «acomodada». Con 36 años, ya tenía su propio negocio aduanero, un puesto en la poderosa Sociedad Rural Argentina y el control de «Las Escobas», la finca de 400 hectáreas propiedad de su primera esposa, la filósofa Marta López Gil.
Precisamente en uno de esos viajes a la finca, Zorreguieta se enamoró de María del Carmen Cerruti, hija de un gran amigo suyo y dieciséis años menor que él. En aquellos años el divorcio no era legal en Argentina. Pero eso no impidió que en 1968 dejara a su esposa y tres hijas e iniciara una nueva vida con Cerruti, con quien tuvo a Máxima, en 1971, y a otros tres vástagos. Pocos años después, de la mano del régimen militar de Jorge Rafael Videla, fue nombrado subsecretario de Agricultura, un cargo de confianza del ministro de Economía Martínez de Hoz. En 1979, con el ascenso al poder de Roberto Viola en la llamada Segunda Junta Militar de Gobierno, llegó a secretario de Agricultura y Ganadería.
Tu pasado me condena...
El tatarabuelo de Zorreguieta, José Antonio de Sorreguieta y Oyarzábal, nacido en Tolosa (Guipúzcoa), emigró a la provincia de Salta, en el noroeste de Argentina, en 1790. Tras varias generaciones de senadores, ministros y funcionarios locales, el apellido familiar se convirtió en uno de los más prominentes de la sociedad salteña. Jorge nació en Buenos Aires en 1926 y se crió en el seno de esa familia de clase media «acomodada». Con 36 años, ya tenía su propio negocio aduanero, un puesto en la poderosa Sociedad Rural Argentina y el control de «Las Escobas», la finca de 400 hectáreas propiedad de su primera esposa, la filósofa Marta López Gil.
Precisamente en uno de esos viajes a la finca, Zorreguieta se enamoró de María del Carmen Cerruti, hija de un gran amigo suyo y dieciséis años menor que él. En aquellos años el divorcio no era legal en Argentina. Pero eso no impidió que en 1968 dejara a su esposa y tres hijas e iniciara una nueva vida con Cerruti, con quien tuvo a Máxima, en 1971, y a otros tres vástagos. Pocos años después, de la mano del régimen militar de Jorge Rafael Videla, fue nombrado subsecretario de Agricultura, un cargo de confianza del ministro de Economía Martínez de Hoz. En 1979, con el ascenso al poder de Roberto Viola en la llamada Segunda Junta Militar de Gobierno, llegó a secretario de Agricultura y Ganadería.
Tu pasado me condena...
Fueron muchos los civiles que colaboraron con la última dictadura militar. Algunos con más responsabilidad que otros. Este es el caso Jorge Zorreguieta, un pez de gordo del lobbismo rural. Desde 1960, y hasta hoy, estuvo vinculado a diversos cargos en las organizaciones patronales pertenecientes a los grandes propietarios de la tierra. Entre ellas Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural.
Su actuación en esos años no fue meramente técnica. Hay quienes afirman que antes del golpe de Estado, Zorreguieta, desde su puesto de secretario de la Sociedad Rural, conspiró con los medios a su alcance contra el gobierno de Isabel Perón. Previo al golpe del 76, Zorreguieta también asiste a las reuniones de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE) donde participa en la organización del paro empresario del 16 de febrero del 76 que es visto como la cuenta regresiva para el asalto de los militares al poder.
Zorreguieta, como subsecretario de Agricultura estuvo en total comunión con los ideales del régimen. Así lo recordó el diputado y jefe de los pequeños y medianos ruralistas, Humberto Volando: "Zorreguieta era un lobbista profesional del campo". El 20 de mayo de 1980, durante una conferencia de prensa efectuada en Agricultura, Zorreguieta dijo: "Debemos recordar que el presidente Videla ha expresado que la Nación está dispuesta a apoyar al sector agropecuario el cual, en el momento de la prueba, hace cuatro años, fue el primero en ponerse en pie y dar el sí a la convocatoria del Proceso de Reorganización Nacional".
Según Michiel Baud, historiador holandés, Zorreguieta nunca se arrepintió de lo que hizo. Debió comparecer como testigo ante el tribunal que investiga más de 2000 desapariciones de opositores a la dictadura en La Plata. Zorreguieta había sido mencionado por la madre de la desaparecida Lidia Amigo, Matilde Leston, quien dijo que el ex subsecretario de Jorge Rafael Videla “no hizo nada” cuando su esposo, Alberto Amigo, le contó que su hija había sido secuestrada. Alberto Amigo ocupó el cargo de Zorreguieta hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
La Justicia argentina está investigando el papel de Zorreguieta y otros funcionarios en el supuesto asesinato de centenares de opositores al régimen que trabajaban en los organismos vinculados a la secretaría de Agricultura. No es la primera vez. En 2001 y 2004 fue involucrado en dos causas por violación a los derechos humanos, casos que, poco tiempo después, fueron desestimados. El año pasado, el ministerio fiscal holandés también rechazó abrir una investigación judicial contra el padre de Máxima por su presunta implicación en la desaparición de personas en los años 70.
Nunca ha sido imputado. Sin embargo, en 2001, poco antes de la boda real, el por entonces primer ministro holandés Wim Kok contrató a Michiel Baud, un académico experto en Iberoamérica, para investigar secretamente hasta qué punto Zorreguieta había participado en los crímenes de lesa humanidad. «Tuvo una posición alta. No podía ignorar lo que ocurría», fue la conclusión de Baud. Ese informe sirvió para que el Gobierno de los Países Bajos decidiera no aceptar su presencia en el enlace real.
Bandidos rurales
De ayer a hoy, una verdadera línea de conducta
Por la denuncia de un sobreviviente y varios familiares de las víctimas en el INTA durante la dictadura, la Justicia investiga el papel jugado en la represión por los empresarios rurales y su decisión de destruir las líneas de trabajo que afectaban sus intereses.
Antes del golpe de 1976, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) tenía unos 5000 trabajadores y al menos 794 fueron cesanteados durante la dictadura. Entre ellos hubo detenidos, personas obligadas a renunciar, trasladados, asesinados y cuatro desaparecidos. Todos esos datos comienzan a ser revisados en una nueva causa judicial impulsada por un sobreviviente y familiares de los desaparecidos en el juzgado federal de Daniel Rafecas. Las víctimas le piden a la Justicia un análisis de lo ocurrido como un “todo” y una revisión de las responsabilidades penales a la luz de la actuación que tuvieron los civiles y en particular la Sociedad Rural Argentina que, desde el Consejo Directivo Nacional del organismo, tuvo un rol determinante en esa depuración.
La Sociedad Rural Argentina integra el INTA desde la creación del organismo, en 1956. Desde entonces forma parte del Consejo Directivo Nacional, junto a las otras organizaciones empresarias del campo, Coninagro, CRA y la Federación Agraria. El Consejo tiene además un presidente y un vicepresidente nombrados por el Poder Ejecutivo y un director nacional elegido por concurso. Con el golpe de Estado de 1976, la dirección del organismo fue intervenida por la marina, pero los delegados de las entidades agropecuarias mantuvieron sus lugares.
Esa intervención cívico-militar fue la encargada de perseguir a los técnicos y científicos que no eran afines a la política agropecuaria de José Alfredo Martínez de Hoz. En el contexto de la nueva causa, cobra relevancia el papel jugado por la SRA y los editoriales del diario La Nación en esa depuración, detrás de la cual aparece la voluntad dictatorial de intensificar el proceso de trasferencia de conocimiento y tecnología hacia los sectores privados y agroindustiales más concentrados.
La denuncia que se presentó en el juzgado de Rafecas tiene el patrocinio del abogado Rodolfo Yanzón. Recoge en un único escrito lo que durante años se tramitó como causas separadas y acaba de ser acompañada por un “amicus curiae” presentado por las autoridades actuales del Instituto que, de este modo, se ponen a disposición de la investigación. El escrito le pide a Rafecas que evalúe responsabilidades por 1) la confección de listados de futuras víctimas dentro de la institución y 2) por el lugar que los acusados ocupaban en lo que definen como “la cadena de mandos”.
Entre los nombres, aparecen los dos interventores del INTA ya fallecidos: el capitán Alberto Rafael Heredia y su sucesor, David Arias, un civil del mundo empresario. También se menciona al Ministerio de Economía, encabezado por Martínez de Hoz, y a la Secretaría de Agricultura, de la que dependía directamente el Instituto. Por allí pasaron Mario Cadenas Madariaga, una de las voces de la SRA escuchadas en el conflicto por la 125, que se desempeñó como secretario, y Jorge Zorreguieta, subsecretario a partir de abril de 1976 y secretario desde 1981. Zorreguieta había ocupado un puesto directivo en Coninagro y venía de la Comisión Directiva de la SRA cuando llegó a la subsecretaría impulsado por Martínez de Hoz.
La Sociedad Rural Argentina integra el INTA desde la creación del organismo, en 1956. Desde entonces forma parte del Consejo Directivo Nacional, junto a las otras organizaciones empresarias del campo, Coninagro, CRA y la Federación Agraria. El Consejo tiene además un presidente y un vicepresidente nombrados por el Poder Ejecutivo y un director nacional elegido por concurso. Con el golpe de Estado de 1976, la dirección del organismo fue intervenida por la marina, pero los delegados de las entidades agropecuarias mantuvieron sus lugares.
Esa intervención cívico-militar fue la encargada de perseguir a los técnicos y científicos que no eran afines a la política agropecuaria de José Alfredo Martínez de Hoz. En el contexto de la nueva causa, cobra relevancia el papel jugado por la SRA y los editoriales del diario La Nación en esa depuración, detrás de la cual aparece la voluntad dictatorial de intensificar el proceso de trasferencia de conocimiento y tecnología hacia los sectores privados y agroindustiales más concentrados.
La denuncia que se presentó en el juzgado de Rafecas tiene el patrocinio del abogado Rodolfo Yanzón. Recoge en un único escrito lo que durante años se tramitó como causas separadas y acaba de ser acompañada por un “amicus curiae” presentado por las autoridades actuales del Instituto que, de este modo, se ponen a disposición de la investigación. El escrito le pide a Rafecas que evalúe responsabilidades por 1) la confección de listados de futuras víctimas dentro de la institución y 2) por el lugar que los acusados ocupaban en lo que definen como “la cadena de mandos”.
Entre los nombres, aparecen los dos interventores del INTA ya fallecidos: el capitán Alberto Rafael Heredia y su sucesor, David Arias, un civil del mundo empresario. También se menciona al Ministerio de Economía, encabezado por Martínez de Hoz, y a la Secretaría de Agricultura, de la que dependía directamente el Instituto. Por allí pasaron Mario Cadenas Madariaga, una de las voces de la SRA escuchadas en el conflicto por la 125, que se desempeñó como secretario, y Jorge Zorreguieta, subsecretario a partir de abril de 1976 y secretario desde 1981. Zorreguieta había ocupado un puesto directivo en Coninagro y venía de la Comisión Directiva de la SRA cuando llegó a la subsecretaría impulsado por Martínez de Hoz.
Una de las áreas más afectadas del INTA a partir del golpe fue el Centro Nacional de Investigación Agropecuaria de Castelar, donde funcionaban varios institutos de investigación. De allí son los cuatro desaparecidos: Marta Sierra, Carlos Alberto Costa Rodríguez, Gustavo Rodolfo Giombini Moser y María José Rapela de Mangone, que estaba embarazada. Con la intervención, el predio fue ocupado militarmente. Y con escenas que recuerdan a los secuestros en la Ford, el despliegue de tanquetas por las mil hectáreas del terreno se hizo de la mano de traslados masivos de los trabajadores a un comedor. Hubo interrogatorios, personas vendadas y amenazadas de muerte. Según la denuncia, a continuación decenas de personas fueron detenidas en distintos lugares, aunque sólo está reconocida la comisaría de Hurlingham porque aún faltan datos y testimonios. Otra de las áreas más afectadas fue la Experimental de Pergamino, donde hubo 49 cesanteados y por lo menos seis detenciones ilegales.
Según los testimonios, la depuración en el INTA comenzó en 1974 con el asesinato por parte de la Triple A del extensionista Carlos Llerena Rosas y con el gobierno de Isabel Martínez de Perón empezaron a circular las primeras listas negras. La mayor parte de los cesanteados y perseguidos pertenecían a ATE y a la Asociación Personal del INTA (Apinta). Los archivos de la ex Dipba (Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense) dan cuenta de la presencia de espías en los puestos de trabajo.
"Jorge utiliza el transporte público para moverse por Buenos Aires. «Tiene 85 años, está operado de la rodilla y la cadera, y aun así sigue cogiendo el autobús 130. Es tan normal que viaja en clase turista cuando tiene que visitar a sus nietas en La Haya, y son catorce horas de vuelo», explica la vecina de la familia.
*fuentes y citas consultadas:
http://bonasso-elmal.blogspot.com.ar/2013/02/el-padre-de-la-reina.html
Blog De Política e Historia
ABC.ES (D Digital)
Telam
Página 12
Universidad de San Martín
http://www.unsam.edu.ar/tss/tecnologia-y-terrorismo-de-estado/
http://www.telam.com.ar/notas/201301/6258-reeditan-la-historia-de-maxima-que-la-casa-real-no-quiso-publicar.html
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